Un siglo de transformaciones profundas: de la oligarquía aristocrática al neoliberalismo, pasando por dictaduras, revoluciones y crisis económicas.
El siglo XX peruano fue una montaña rusa de transformaciones radicales. El país pasó de una república oligárquica dominada por unas pocas familias de la élite costeña, a experimentos reformistas y revolucionarios, dictaduras militares, terrorismo, hiperinflación, y finalmente a una economía de mercado integrada al mundo global. Entender este siglo es fundamental para comprender el Perú contemporáneo.
Tras el trauma de la Guerra del Pacífico, el Perú entró en un período de relativa estabilidad política conocido como la "República Aristocrática". El poder estaba en manos del Partido Civil, que representaba los intereses de la oligarquía agroexportadora: grandes familias que controlaban las haciendas azucareras del norte (los Larco, Grace, Gildemeister), las haciendas algodoneras del sur y las minas de plata y cobre de la sierra.
Fue un período de crecimiento económico: se expandió la red ferroviaria, creció la exportación de azúcar, algodón, lana y caucho. La ciudad de Lima se modernizó con bulevares, tranvías eléctricos y nuevos barrios residenciales para la élite. Pero este progreso era profundamente desigual: los indígenas de la sierra permanecían atados a las haciendas en condiciones semifeudales, sin acceso a educación ni a los beneficios del crecimiento.
Augusto B. Leguía llegó al poder en 1919 mediante un golpe de Estado y gobernó durante once años (de ahí el nombre "Oncenio"). Su gobierno intentó modernizar el Estado peruano: construyó carreteras, amplió la burocracia, buscó inversión extranjera —especialmente norteamericana— y promulgó una nueva Constitución en 1920. Leguía se presentó como el "Gigante del Pacífico" y el impulsor de la "Patria Nueva".
Sin embargo, su gobierno fue también autoritario y corrupto. Persiguió a sus opositores, encarceló y exilió a líderes como Víctor Raúl Haya de la Torre y José Carlos Mariátegui. Además, su política de endeudamiento externo con bancos norteamericanos dejó al Perú vulnerable a la Gran Depresión de 1929. Cuando esta llegó, la economía se derrumbó, la deuda resultó impagable y Leguía fue derrocado por un golpe militar en agosto de 1930.
Los años treinta y cuarenta fueron de intensa agitación política. El Partido Aprista Peruano (APRA), fundado por Víctor Raúl Haya de la Torre, se convirtió en el primer partido de masas del Perú, con una base popular entre trabajadores, empleados y sectores medios. El APRA fue sistemáticamente reprimido por los gobiernos militares, lo que generó ciclos de violencia y represalia —incluyendo el trágico levantamiento aprista de Trujillo en 1932, donde murieron cientos de personas.
El general Óscar R. Benavides (1933-1939) y Manuel Prado (1939-1945) gobernaron con mano dura pero también impulsaron una industrialización modesta. Durante la Segunda Guerra Mundial, el Perú se alineó con los aliados y declaró la guerra a Japón y Alemania en 1945.
El general Manuel A. Odría tomó el poder en 1948 mediante un golpe de Estado y gobernó ocho años (el "Ochenio"). Su dictadura fue económicamente favorable para la clase alta —promovió la inversión extranjera y mantuvo la economía abierta— pero políticamente represiva. Prosiguió la persecución del APRA. Al mismo tiempo, el boom de las materias primas durante la Guerra de Corea (1950-1953) generó crecimiento económico y permitió construir obras públicas.
Fernando Belaúnde Terry ganó las elecciones de 1963 con un programa reformista: reforma agraria, descentralización y obras de infraestructura. Sin embargo, su gobierno fue bloqueado por el Congreso controlado por la alianza APRA-Odriísmo, que rechazó sus principales iniciativas. El hallazgo del petróleo en la selva norte y las negociaciones con la International Petroleum Company (IPC) se convirtieron en un escándalo que debilitó al gobierno. El 3 de octubre de 1968, el general Juan Velasco Alvarado encabezó un golpe de Estado.
El gobierno del general Velasco fue el más radical y transformador del siglo XX peruano. El Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas implementó una agenda que mezclaba nacionalismo, reformismo social y estatismo económico.
El 24 de junio de 1969, día del campesino, Velasco promulgó el Decreto Ley 17716 de Reforma Agraria. Fue la reforma agraria más radical de América Latina: expropió más de 9 millones de hectáreas de tierras de hacienda y las distribuyó entre las comunidades campesinas e indígenas. Las grandes plantaciones azucareras del norte se convirtieron en cooperativas (CAPs — Cooperativas Agrarias de Producción). Las haciendas serranas se transformaron en Sociedades Agrícolas de Interés Social (SAIS).
Velasco nacionalizó la International Petroleum Company (IPC) el mismo día del golpe, rebautizando sus instalaciones como Petroperú. También nacionalizó los pesqueros (creando Pesca Perú), la minería (creando Centromin Perú, Tintaya, etc.), los bancos, las telecomunicaciones y los medios de comunicación. El Estado se convirtió en el actor económico dominante.
En 1975, Velasco declaró al quechua idioma oficial del Perú junto con el español —una medida simbólica de profundo significado para los pueblos andinos. También impulsó el "indigenismo oficial": el indígena fue revalorizado como símbolo de la identidad nacional, y la imagen del Inca Túpac Amaru II se convirtió en el emblema del gobierno.
En 1975, Velasco, enfermo y debilitado, fue derrocado por el general Francisco Morales Bermúdez, quien inició una segunda fase más moderada y conservadora del gobierno militar. Este gobierno convocó a una Asamblea Constituyente (1978) y luego a elecciones generales en 1980.
En 1980, el Perú regresó a la democracia con la elección de Fernando Belaúnde Terry. Sin embargo, este segundo gobierno coincidió con una tormenta perfecta: la crisis de la deuda latinoamericana de 1982, el fenómeno del Niño de 1983 (que destruyó cosechas y puertos), y el inicio de la guerra interna con Sendero Luminoso y el MRTA (ver Capítulo 14).
Alan García (APRA) ganó las elecciones de 1985 con 53% de los votos, siendo el primer aprista en llegar a la presidencia. Inicialmente implementó políticas heterodoxas: subsidios, controles de precios, limitó el pago de la deuda externa al 10% de las exportaciones. En los primeros dos años, la economía creció y la popularidad de García fue alta. Pero en 1987, la economía entró en colapso: el gobierno quedó sin reservas internacionales, la inflación se disparó y en 1990 el Perú sufrió una de las peores hiperinflaciones de la historia mundial.
En un contexto de caos económico y violencia terrorista, el ingeniero Alberto Fujimori —un candidato casi desconocido de origen japonés— derrotó al escritor Mario Vargas Llosa en la segunda vuelta de 1990. Fujimori aplicó un drástico "shock económico" en agosto de 1990 (el "Fujishock"): liberalizó los precios, eliminó los subsidios, abrió la economía al mercado y emprendió privatizaciones masivas. La inflación fue controlada, pero los costos sociales inmediatos fueron devastadores.
En abril de 1992, Fujimori disolvió el Congreso y suspendió la Constitución en un "autogolpe", con el respaldo del ejército. Redactó una nueva Constitución (1993) que permitía la reelección inmediata. Fue reelegido en 1995 y buscó una segunda reelección en 2000 en medio de graves irregularidades electorales. En noviembre de 2000, huyó al Japón tras el escándalo de los "vladivideos" —grabaciones que mostraban a su asesor Vladimiro Montesinos comprando la lealtad de congresistas, jueces y medios de comunicación. Fujimori fue posteriormente extraditado, juzgado y condenado a 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad.
A century of profound transformations: from aristocratic oligarchy to neoliberalism, passing through dictatorships, revolutions, and economic crises.
Peru's 20th century was a roller coaster of radical transformations. The country moved from an oligarchic republic dominated by a few elite coastal families, through reformist and revolutionary experiments, military dictatorships, terrorism, hyperinflation, and finally to a market economy integrated into the global world. Understanding this century is essential to understanding contemporary Peru.
After the trauma of the War of the Pacific, Peru entered a period of relative political stability known as the "Aristocratic Republic." Power lay in the hands of the Civilista Party, which represented the interests of the agro-export oligarchy: large families who controlled the sugar haciendas of the north (the Larco, Grace, and Gildemeister families), the cotton haciendas of the south, and the silver and copper mines of the highlands.
It was a period of economic growth: the railway network expanded, and exports of sugar, cotton, wool, and rubber increased. The city of Lima was modernized with boulevards, electric streetcars, and new residential neighborhoods for the elite. But this progress was deeply unequal: the Indigenous people of the highlands remained tied to the haciendas under semi-feudal conditions, with no access to education or to the benefits of growth.
Augusto B. Leguía came to power in 1919 through a coup d'état and governed for eleven years (hence the name "Oncenio"). His government attempted to modernize the Peruvian state: it built roads, expanded the bureaucracy, sought foreign investment —especially from the United States— and promulgated a new Constitution in 1920. Leguía presented himself as the "Giant of the Pacific" and the driving force behind the "Patria Nueva" (New Homeland).
However, his government was also authoritarian and corrupt. He persecuted his opponents, imprisoning and exiling leaders such as Víctor Raúl Haya de la Torre and José Carlos Mariátegui. Moreover, his policy of external borrowing from American banks left Peru vulnerable to the Great Depression of 1929. When the Depression hit, the economy collapsed, the debt became unpayable, and Leguía was overthrown by a military coup in August 1930.
The 1930s and 1940s were a period of intense political turmoil. The Peruvian Aprista Party (APRA), founded by Víctor Raúl Haya de la Torre, became Peru's first mass party, with a popular base among workers, employees, and middle sectors. APRA was systematically repressed by military governments, generating cycles of violence and reprisal —including the tragic Aprista uprising in Trujillo in 1932, in which hundreds of people died.
General Óscar R. Benavides (1933-1939) and Manuel Prado (1939-1945) governed with a firm hand but also promoted modest industrialization. During World War II, Peru aligned with the Allies and declared war on Japan and Germany in 1945.
General Manuel A. Odría seized power in 1948 through a coup d'état and governed for eight years (the "Ochenio"). His dictatorship was economically favorable to the upper class —it promoted foreign investment and kept the economy open— but politically repressive. He continued the persecution of APRA. At the same time, the commodities boom during the Korean War (1950-1953) generated economic growth and allowed for the construction of public works.
Fernando Belaúnde Terry won the 1963 elections with a reformist program: agrarian reform, decentralization, and infrastructure works. However, his government was blocked by a Congress controlled by the APRA-Odriísmo alliance, which rejected his main initiatives. The discovery of oil in the northern jungle and negotiations with the International Petroleum Company (IPC) became a scandal that weakened the government. On October 3, 1968, General Juan Velasco Alvarado led a coup d'état.
General Velasco's government was the most radical and transformative of Peru's 20th century. The Revolutionary Government of the Armed Forces implemented an agenda that blended nationalism, social reformism, and economic statism.
On June 24, 1969, Peasant Day, Velasco promulgated Decree Law 17716, the Agrarian Reform Law. It was the most radical agrarian reform in Latin America: it expropriated more than 9 million hectares of hacienda land and distributed it among peasant and Indigenous communities. The large sugar plantations of the north were converted into cooperatives (CAPs — Agrarian Production Cooperatives). The highland haciendas were transformed into Social Interest Agricultural Societies (SAIS).
Velasco nationalized the International Petroleum Company (IPC) on the very day of the coup, renaming its facilities Petroperú. He also nationalized the fishing industry (creating Pesca Perú), mining (creating Centromin Perú, Tintaya, etc.), banks, telecommunications, and the media. The state became the dominant economic actor.
In 1975, Velasco declared Quechua an official language of Peru alongside Spanish —a symbolic measure of deep significance for Andean peoples. He also promoted "official indigenism": Indigenous identity was revalued as a symbol of national identity, and the image of the Inca Túpac Amaru II became the emblem of the government.
In 1975, Velasco, ill and weakened, was overthrown by General Francisco Morales Bermúdez, who initiated a second, more moderate and conservative phase of the military government. This government convened a Constituent Assembly (1978) and then general elections in 1980.
In 1980, Peru returned to democracy with the election of Fernando Belaúnde Terry. However, this second government coincided with a perfect storm: the 1982 Latin American debt crisis, the 1983 El Niño phenomenon (which destroyed crops and ports), and the beginning of the internal war with Sendero Luminoso (Shining Path) and the MRTA (see Chapter 14).
Alan García (APRA) won the 1985 elections with 53% of the vote, becoming the first Aprista to reach the presidency. He initially implemented heterodox policies: subsidies, price controls, and a limit on external debt payments to 10% of exports. In the first two years, the economy grew and García's popularity was high. But in 1987, the economy collapsed: the government ran out of international reserves, inflation soared, and in 1990 Peru suffered one of the worst hyperinflations in world history.
Amid economic chaos and terrorist violence, engineer Alberto Fujimori —an almost unknown candidate of Japanese descent— defeated writer Mario Vargas Llosa in the 1990 runoff election. Fujimori implemented a drastic economic "shock" in August 1990 (the "Fujishock"): he liberalized prices, eliminated subsidies, opened the economy to the market, and undertook massive privatizations. Inflation was brought under control, but the immediate social costs were devastating.
In April 1992, Fujimori dissolved Congress and suspended the Constitution in a "self-coup," with the backing of the military. He drafted a new Constitution (1993) that allowed for immediate reelection. He was reelected in 1995 and sought a second reelection in 2000 amid serious electoral irregularities. In November 2000, he fled to Japan following the "vladivideos" scandal —recordings showing his adviser Vladimiro Montesinos bribing congressmen, judges, and media outlets for their loyalty. Fujimori was later extradited, tried, and sentenced to 25 years in prison for crimes against humanity.