Caudillismo, inestabilidad y la búsqueda de una identidad nacional en los primeros cincuenta años de vida republicana (1821–1872).
Cuando el general Sucre firmó la Capitulación de Ayacucho el 9 de diciembre de 1824, el Perú se quedó sin el enemigo que había dado cohesión a la causa patriota. Lo que siguió fue medio siglo de profunda inestabilidad política: entre 1821 y 1872, el Perú tuvo más de cincuenta cambios de gobierno y se redactaron varias constituciones. Generales ambiciosos —los llamados caudillos— se turnaban en el poder a través de golpes de Estado, alianzas circunstanciales y guerras civiles.
Sin embargo, este período caótico también fue testigo de transformaciones significativas: la abolición de la esclavitud, la eliminación del tributo indígena, el nacimiento de una economía exportadora basada en el guano, y los primeros intentos de construir una identidad nacional peruana.
El caudillismo es un fenómeno político característico de América Latina en el siglo XIX. Un caudillo es un líder militar carismático que construye su poder sobre la lealtad personal de sus tropas, el apoyo de grupos regionales y la capacidad de imponer su voluntad por la fuerza. En el Perú, el caudillismo floreció porque el Estado central era débil, las instituciones republicanas eran frágiles y las fuerzas militares formadas durante las guerras de independencia se convirtieron en actores políticos autónomos.
Agustín Gamarra (1785-1841) gobernó el Perú en dos períodos (1829-1833 y 1839-1841) y es el ejemplo más representativo del caudillo peruano decimonónico. Nacido en Cusco de padres mestizos, Gamarra combinaba el prestigio militar ganado en las guerras de independencia con un profundo conocimiento de la política regional andina. Su proyecto político era conservador: defendía un Estado centralizado, la alianza con la Iglesia Católica y la protección de los intereses de los hacendados. Murió en la Batalla de Ingavi (1841), combatiendo contra Bolivia en su intento de reunificar el antiguo territorio del Virreinato del Perú.
Uno de los episodios más singulares de este período fue la Confederación Perú-Boliviana, creada por el mariscal boliviano Andrés de Santa Cruz. En 1836, Santa Cruz aprovechó la inestabilidad política peruana para unir Bolivia con el Perú del Norte (capital: Lima) y el Perú del Sur (capital: Cusco) en un solo Estado federal. La Confederación duró apenas tres años: Chile, temerosa de la potencia geopolítica que representaba esta unión, le declaró la guerra y la derrotó en la Batalla de Yungay (1839). La derrota puso fin al experimento confederado y restauró la república peruana independiente.
El Perú se dio siete constituciones durante el siglo XIX, reflejo de la inestabilidad política y de los debates no resueltos sobre el tipo de Estado que debía ser el país.
| Constitución | Año | Característica principal |
|---|---|---|
| Primera Constitución | 1823 | Liberal; nunca entró en vigor plenamente por la guerra |
| Constitución Vitalicia | 1826 | Dictada por Bolívar; creaba un presidente vitalicio |
| Constitución de 1828 | 1828 | Federalista moderada; modelo para constituciones posteriores |
| Constitución de 1834 | 1834 | Liberal; permitía la unión con otros Estados |
| Constitución de 1839 | 1839 | Conservadora; reforzaba el poder del ejecutivo |
| Constitución de 1856 | 1856 | Liberal; limitaba el poder del ejército |
| Constitución de 1860 | 1860 | Moderada; la más duradera del siglo XIX (hasta 1920) |
En medio de la inestabilidad caudillista, la figura de Ramón Castilla (1797-1867) se destaca como la más importante del siglo XIX peruano. Castilla gobernó el Perú en dos períodos —1845-1851 y 1854-1862— y durante su larga permanencia en el poder introdujo reformas que transformaron la sociedad peruana.
Castilla era un hombre del sur andino, nacido en Tarapacá (hoy Chile) de familia humilde. Luchó en los ejércitos realistas antes de pasarse a la causa patriota. Esta trayectoria lo convirtió en un hábil negociador, capaz de manejar las complejas lealtades regionales y militares del Perú de su época.
El 3 de diciembre de 1854, Ramón Castilla firmó el decreto de abolición de la esclavitud en el Perú. Fue uno de los primeros países de América Latina en dar este paso. Aproximadamente 25,000 personas esclavizadas —concentradas principalmente en las haciendas azucareras y algodoneras de la costa— quedaron libres. El Estado peruano indemnizó a los propietarios de esclavos con 300 pesos por cada persona liberada, financiado con los ingresos del guano.
En el mismo decreto de 1854, Castilla abolió el tributo indígena, el impuesto que los pueblos originarios pagaban a la Corona desde la época colonial y que los primeros gobiernos republicanos habían mantenido por necesidad fiscal. Esta medida fue posible gracias a que el Estado peruano ya contaba con ingresos suficientes provenientes del guano para prescindir de esta fuente de ingresos.
El guano —excremento acumulado durante siglos por aves marinas en las islas desérticas de la costa peruana— resultó ser uno de los mejores fertilizantes naturales del mundo. A partir de la década de 1840, la demanda europea de fertilizantes para la agricultura industrializada convirtió al guano peruano en un producto extraordinariamente valioso.
Entre 1840 y 1879, el Perú exportó aproximadamente 11 millones de toneladas de guano, principalmente a Europa y América del Norte. Los ingresos fueron enormes: se estima que el Estado peruano recibió más de 750 millones de soles durante este período, una suma que equivalía a varias veces el presupuesto anual del gobierno.
El Estado peruano no exportaba el guano directamente, sino que lo entregaba en "consignación" a casas comerciales —primero británicas (firma Gibbs), luego peruanas— que se encargaban de venderlo en los mercados internacionales y remitían las ganancias al gobierno. Este sistema generó enorme corrupción y dependencia del capital financiero extranjero.
El historiador Jorge Basadre acuñó la expresión "prosperidad falaz" para describir la era del guano. Si bien el Estado peruano recibió ingresos sin precedentes, estos no se utilizaron para construir las bases de una economía productiva. En cambio, se gastaron en:
¿Quiénes eran los peruanos? Esta pregunta fundamental resultó extraordinariamente difícil de responder en el siglo XIX. El país era una sociedad profundamente estratificada y culturalmente diversa: criollos blancos en Lima, mestizos en las ciudades provinciales, indígenas quechuas y aimaras en los Andes, poblaciones afrodescendientes en la costa, y comunidades amazónicas. Construir una identidad nacional que incluyera a todos estos grupos fue una tarea que el siglo XIX apenas comenzó.
La Iglesia Católica mantuvo un papel central en la vida social y cultural del Perú republicano. El Estado reconoció el catolicismo como religión oficial en todas las constituciones del siglo XIX. La Iglesia controlaba gran parte de la educación, el registro civil y los cementerios. Solo con las reformas liberales de la segunda mitad del siglo —especialmente bajo el segundo gobierno de Castilla— se inició una tímida secularización.
En el campo cultural, el escritor Ricardo Palma (1833-1919) realizó quizás la mayor contribución del siglo XIX a la formación de una identidad peruana. Sus Tradiciones Peruanas —relatos breves que mezclan historia, leyenda y humor— recorrieron la historia peruana desde la época prehispánica hasta la república, creando un imaginario nacional compartido. Palma fue también director de la Biblioteca Nacional del Perú durante décadas.
El año 1872 marcó un hito histórico: Manuel Pardo, un civil, ganó las elecciones presidenciales y tomó el poder de manos del ejército. Fue la primera transferencia pacífica del poder a un gobernante civil en la historia del Perú. Pardo fundó el Partido Civil —el primer partido político moderno del país— y buscó reformar la administración pública, diversificar la economía y reducir la dependencia del guano.
Sin embargo, el tiempo se le acabó: la guerra contra Chile estaba a punto de comenzar, y el país que Pardo entregó a su sucesor se encontraba en una situación financiera precaria y militarmente débil.
Caudillismo, instability, and the search for a national identity in the first fifty years of republican life (1821-1872).
When General Sucre signed the Capitulation of Ayacucho on December 9, 1824, Peru lost the enemy that had given cohesion to the patriot cause. What followed was half a century of profound political instability: between 1821 and 1872, Peru underwent more than fifty changes of government and several constitutions were drafted. Ambitious generals — the so-called caudillos — took turns in power through coups d'état, circumstantial alliances, and civil wars.
Nevertheless, this chaotic period also witnessed significant transformations: the abolition of slavery, the elimination of the indigenous tribute, the birth of an export economy based on guano, and the first attempts to build a Peruvian national identity.
Caudillismo is a political phenomenon characteristic of nineteenth-century Latin America. A caudillo is a charismatic military leader who builds his power on the personal loyalty of his troops, the support of regional groups, and the capacity to impose his will by force. In Peru, caudillismo flourished because the central state was weak, republican institutions were fragile, and the military forces formed during the wars of independence became autonomous political actors.
Agustín Gamarra (1785-1841) governed Peru in two terms (1829-1833 and 1839-1841) and is the most representative example of the nineteenth-century Peruvian caudillo. Born in Cusco to mestizo parents, Gamarra combined the military prestige earned in the wars of independence with a deep knowledge of Andean regional politics. His political project was conservative: he defended a centralized state, an alliance with the Catholic Church, and the protection of the interests of the landowning elite (hacendados). He died at the Battle of Ingavi (1841), fighting against Bolivia in his attempt to reunify the former territory of the Viceroyalty of Peru.
One of the most singular episodes of this period was the Peru-Bolivian Confederation, created by the Bolivian marshal Andrés de Santa Cruz. In 1836, Santa Cruz took advantage of Peruvian political instability to unite Bolivia with North Peru (capital: Lima) and South Peru (capital: Cusco) into a single federal state. The Confederation lasted barely three years: Chile, fearful of the geopolitical power that this union represented, declared war on it and defeated it at the Battle of Yungay (1839). The defeat ended the confederate experiment and restored the independent Peruvian republic.
Peru adopted seven constitutions during the nineteenth century, a reflection of political instability and of unresolved debates over what type of state the country should be.
| Constitution | Year | Main characteristic |
|---|---|---|
| First Constitution | 1823 | Liberal; never fully took effect because of the war |
| Lifetime Constitution | 1826 | Issued by Bolívar; created a president for life |
| Constitution of 1828 | 1828 | Moderately federalist; model for later constitutions |
| Constitution of 1834 | 1834 | Liberal; allowed union with other states |
| Constitution of 1839 | 1839 | Conservative; reinforced executive power |
| Constitution of 1856 | 1856 | Liberal; limited the power of the army |
| Constitution of 1860 | 1860 | Moderate; the longest-lasting of the nineteenth century (until 1920) |
Amid caudillista instability, the figure of Ramón Castilla (1797-1867) stands out as the most important of nineteenth-century Peru. Castilla governed Peru in two periods — 1845-1851 and 1854-1862 — and during his long tenure in power he introduced reforms that transformed Peruvian society.
Castilla was a man from the southern Andes, born in Tarapacá (today part of Chile) to a humble family. He fought in the royalist armies before switching to the patriot cause. This trajectory made him a skilled negotiator, capable of managing the complex regional and military loyalties of the Peru of his time.
On December 3, 1854, Ramón Castilla signed the decree abolishing slavery in Peru. It was one of the first countries in Latin America to take this step. Approximately 25,000 enslaved people — concentrated mainly on the sugar and cotton plantations of the coast — were freed. The Peruvian state compensated slave owners with 300 pesos for each person freed, financed with guano revenues.
In the same 1854 decree, Castilla abolished the indigenous tribute, the tax that native peoples had paid to the Crown since colonial times and that the early republican governments had maintained out of fiscal necessity. This measure was possible because the Peruvian state already had sufficient revenue from guano to do without this source of income.
Guano — excrement accumulated over centuries by seabirds on the desert islands of the Peruvian coast — proved to be one of the best natural fertilizers in the world. Starting in the 1840s, European demand for fertilizers for industrialized agriculture turned Peruvian guano into an extraordinarily valuable commodity.
Between 1840 and 1879, Peru exported approximately 11 million tons of guano, mainly to Europe and North America. The revenues were enormous: it is estimated that the Peruvian state received more than 750 million soles during this period, a sum equivalent to several times the government's annual budget.
The Peruvian state did not export guano directly; instead, it handed it over "on consignment" to commercial houses — first British (the Gibbs firm), later Peruvian — which took charge of selling it on international markets and remitted the profits to the government. This system generated enormous corruption and dependence on foreign financial capital.
The historian Jorge Basadre coined the phrase "deceptive prosperity" (prosperidad falaz) to describe the guano era. Although the Peruvian state received unprecedented revenues, these were not used to build the foundations of a productive economy. Instead, they were spent on:
Who were Peruvians? This fundamental question proved extraordinarily difficult to answer in the nineteenth century. The country was a deeply stratified and culturally diverse society: white criollos in Lima, mestizos in provincial cities, Quechua and Aymara indigenous peoples in the Andes, Afro-descendant populations on the coast, and Amazonian communities. Building a national identity that included all these groups was a task the nineteenth century had barely begun.
The Catholic Church retained a central role in the social and cultural life of republican Peru. The state recognized Catholicism as the official religion in all nineteenth-century constitutions. The Church controlled much of education, civil registry, and cemeteries. Only with the liberal reforms of the second half of the century — especially under Castilla's second administration — did a tentative secularization begin.
In the cultural sphere, the writer Ricardo Palma (1833-1919) made perhaps the greatest nineteenth-century contribution to the formation of a Peruvian identity. His Tradiciones Peruanas — short narratives blending history, legend, and humor — traced Peruvian history from the pre-Hispanic era through the republic, creating a shared national imaginary. Palma also served as director of the National Library of Peru for decades.
The year 1872 marked a historic milestone: Manuel Pardo, a civilian, won the presidential elections and took power from the hands of the army. It was the first peaceful transfer of power to a civilian ruler in Peru's history. Pardo founded the Civilista Party — the country's first modern political party — and sought to reform public administration, diversify the economy, and reduce dependence on guano.
However, time ran out for him: the war against Chile was about to begin, and the country Pardo handed over to his successor was in a precarious financial situation and militarily weak.